
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha abierto el trámite de consulta pública previa del Anteproyecto de Ley por el que se modificará la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, iniciando así el proceso de revisión del principal marco normativo español en materia de residuos.
La iniciativa responde, fundamentalmente, a la necesidad de adaptar la legislación nacional a la reciente evolución del marco regulatorio europeo, especialmente tras la aprobación de la Directiva (UE) 2025/1892, que modifica la Directiva Marco de Residuos y refuerza las políticas de prevención de residuos alimentarios y la responsabilidad ampliada del productor (RAP). Al mismo tiempo, el Ministerio plantea aprovechar esta reforma para revisar diversos aspectos cuya aplicación práctica ha puesto de manifiesto necesidades de mejora desde la entrada en vigor de la Ley 7/2022.
Objetivos de la reforma
El documento sometido a consulta identifica como finalidad principal la adecuación de la Ley 7/2022 al nuevo marco europeo de economía circular, incorporando nuevas obligaciones derivadas de la normativa comunitaria y reforzando la eficacia de determinados instrumentos previstos en la legislación vigente.
La consulta pretende recabar aportaciones sobre la necesidad, oportunidad y alcance de la futura modificación normativa, permitiendo la participación de administraciones públicas, operadores económicos, entidades locales, organizaciones representativas y sociedad civil antes de la redacción del anteproyecto de ley.
Principales ámbitos de revisión
El Ministerio estructura la consulta en doce bloques temáticos que abarcan prácticamente todos los elementos esenciales del régimen jurídico de los residuos.
Actualización del marco conceptual
Uno de los primeros aspectos sometidos a revisión es la actualización de las definiciones contenidas en la Ley 7/2022 para incorporar nuevos conceptos introducidos por la normativa europea reciente, incluyendo nuevas operaciones de tratamiento, así como una posible clarificación de la distinción entre operaciones de valorización y eliminación. Asimismo, se plantea revisar el régimen jurídico de los subproductos y del fin de la condición de residuo, con el objetivo de mejorar su aplicación práctica y dotar de mayor seguridad jurídica a estos instrumentos.
Prevención y mejora de la gestión de residuos
La consulta incorpora cuestiones específicas dirigidas a reforzar la prevención del desperdicio alimentario mediante la transposición del nuevo artículo 9 bis de la Directiva Marco de Residuos.
Igualmente, el Ministerio solicita propuestas para mejorar el cumplimiento de los objetivos nacionales de preparación para la reutilización y reciclado de residuos municipales, analizando posibles medidas adicionales a las ya previstas en la legislación vigente.
Otro ámbito destacado es la gestión de los residuos de construcción y demolición, donde se plantea reforzar los mecanismos de trazabilidad y combatir el abandono ilegal de residuos, buscando soluciones proporcionadas que no incrementen innecesariamente las cargas administrativas.
Responsabilidad ampliada del productor
Uno de los bloques con mayor relevancia estratégica es el relativo a la responsabilidad ampliada del productor (RAP).
El Ministerio plantea un amplio conjunto de cuestiones orientadas a revisar el funcionamiento de los sistemas individuales y colectivos, mejorar la trazabilidad de la gestión, combatir el fraude y el denominado free riding, así como analizar nuevos mecanismos de supervisión en aquellos flujos de residuos donde coexistirán diversos sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor (SCRAP).
Asimismo, se abre el debate sobre la posible creación de una tasa para financiar la gestión y mantenimiento del Registro de Productores de Producto, en aplicación del principio de "quien contamina paga", y sobre una mayor flexibilidad para que las entidades locales puedan decidir el modelo organizativo de la recogida de determinados residuos financiados por los SCRAP.
Información, fiscalidad y régimen sancionador
La consulta también aborda cuestiones transversales de especial importancia para la gobernanza del sistema.
Entre ellas destacan el refuerzo de las obligaciones de información necesarias para cumplir los requisitos de reporte establecidos por la Unión Europea, la posible revisión del impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables y del impuesto sobre el depósito de residuos en vertedero, la incineración y la coincineración, así como la actualización del régimen sancionador para garantizar su coherencia con los nuevos reglamentos europeos en materia de residuos.
Implicaciones para la economía circular
La futura modificación de la Ley 7/2022 constituye una de las reformas regulatorias más relevantes de los últimos años en materia de economía circular.
Más allá de la necesaria transposición de la normativa europea, el proceso permitirá revisar instrumentos clave para la transición hacia un modelo productivo más circular, reforzando aspectos relacionados con la prevención de residuos, la trazabilidad, la calidad de la información, la responsabilidad ampliada del productor y la eficacia de los instrumentos económicos.
La amplitud de la consulta evidencia igualmente la voluntad del Ministerio de abordar una revisión integral del sistema de gestión de residuos, incorporando la experiencia acumulada durante los primeros años de aplicación de la Ley 7/2022 y anticipando los cambios regulatorios derivados del nuevo paquete europeo de economía circular.
Participación pública
El período de consulta pública permanecerá abierto hasta el 3 de septiembre de 2026. Durante este plazo, los agentes interesados podrán remitir observaciones y propuestas al Ministerio, contribuyendo así a la elaboración del futuro anteproyecto de ley que actualizará el marco jurídico español de residuos y economía circular.
Fuente
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). Consulta pública previa sobre el Anteproyecto de Ley por el que se modifica la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

