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El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha abierto el trámite de consulta pública previa del Anteproyecto de Ley por el que se modificará la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, iniciando así el proceso de revisión del principal marco normativo español en materia de residuos.

La iniciativa responde, fundamentalmente, a la necesidad de adaptar la legislación nacional a la reciente evolución del marco regulatorio europeo, especialmente tras la aprobación de la Directiva (UE) 2025/1892, que modifica la Directiva Marco de Residuos y refuerza las políticas de prevención de residuos alimentarios y la responsabilidad ampliada del productor (RAP). Al mismo tiempo, el Ministerio plantea aprovechar esta reforma para revisar diversos aspectos cuya aplicación práctica ha puesto de manifiesto necesidades de mejora desde la entrada en vigor de la Ley 7/2022.

Objetivos de la reforma

El documento sometido a consulta identifica como finalidad principal la adecuación de la Ley 7/2022 al nuevo marco europeo de economía circular, incorporando nuevas obligaciones derivadas de la normativa comunitaria y reforzando la eficacia de determinados instrumentos previstos en la legislación vigente.

La consulta pretende recabar aportaciones sobre la necesidad, oportunidad y alcance de la futura modificación normativa, permitiendo la participación de administraciones públicas, operadores económicos, entidades locales, organizaciones representativas y sociedad civil antes de la redacción del anteproyecto de ley.

Principales ámbitos de revisión

El Ministerio estructura la consulta en doce bloques temáticos que abarcan prácticamente todos los elementos esenciales del régimen jurídico de los residuos.

Actualización del marco conceptual

Uno de los primeros aspectos sometidos a revisión es la actualización de las definiciones contenidas en la Ley 7/2022 para incorporar nuevos conceptos introducidos por la normativa europea reciente, incluyendo nuevas operaciones de tratamiento, así como una posible clarificación de la distinción entre operaciones de valorización y eliminación. Asimismo, se plantea revisar el régimen jurídico de los subproductos y del fin de la condición de residuo, con el objetivo de mejorar su aplicación práctica y dotar de mayor seguridad jurídica a estos instrumentos.

Prevención y mejora de la gestión de residuos

La consulta incorpora cuestiones específicas dirigidas a reforzar la prevención del desperdicio alimentario mediante la transposición del nuevo artículo 9 bis de la Directiva Marco de Residuos.

Igualmente, el Ministerio solicita propuestas para mejorar el cumplimiento de los objetivos nacionales de preparación para la reutilización y reciclado de residuos municipales, analizando posibles medidas adicionales a las ya previstas en la legislación vigente.

Otro ámbito destacado es la gestión de los residuos de construcción y demolición, donde se plantea reforzar los mecanismos de trazabilidad y combatir el abandono ilegal de residuos, buscando soluciones proporcionadas que no incrementen innecesariamente las cargas administrativas.

Responsabilidad ampliada del productor

Uno de los bloques con mayor relevancia estratégica es el relativo a la responsabilidad ampliada del productor (RAP).

El Ministerio plantea un amplio conjunto de cuestiones orientadas a revisar el funcionamiento de los sistemas individuales y colectivos, mejorar la trazabilidad de la gestión, combatir el fraude y el denominado free riding, así como analizar nuevos mecanismos de supervisión en aquellos flujos de residuos donde coexistirán diversos sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor (SCRAP).

Asimismo, se abre el debate sobre la posible creación de una tasa para financiar la gestión y mantenimiento del Registro de Productores de Producto, en aplicación del principio de "quien contamina paga", y sobre una mayor flexibilidad para que las entidades locales puedan decidir el modelo organizativo de la recogida de determinados residuos financiados por los SCRAP.

Información, fiscalidad y régimen sancionador

La consulta también aborda cuestiones transversales de especial importancia para la gobernanza del sistema.

Entre ellas destacan el refuerzo de las obligaciones de información necesarias para cumplir los requisitos de reporte establecidos por la Unión Europea, la posible revisión del impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables y del impuesto sobre el depósito de residuos en vertedero, la incineración y la coincineración, así como la actualización del régimen sancionador para garantizar su coherencia con los nuevos reglamentos europeos en materia de residuos.

Implicaciones para la economía circular

La futura modificación de la Ley 7/2022 constituye una de las reformas regulatorias más relevantes de los últimos años en materia de economía circular.

Más allá de la necesaria transposición de la normativa europea, el proceso permitirá revisar instrumentos clave para la transición hacia un modelo productivo más circular, reforzando aspectos relacionados con la prevención de residuos, la trazabilidad, la calidad de la información, la responsabilidad ampliada del productor y la eficacia de los instrumentos económicos.

La amplitud de la consulta evidencia igualmente la voluntad del Ministerio de abordar una revisión integral del sistema de gestión de residuos, incorporando la experiencia acumulada durante los primeros años de aplicación de la Ley 7/2022 y anticipando los cambios regulatorios derivados del nuevo paquete europeo de economía circular.

Participación pública

El período de consulta pública permanecerá abierto hasta el 3 de septiembre de 2026. Durante este plazo, los agentes interesados podrán remitir observaciones y propuestas al Ministerio, contribuyendo así a la elaboración del futuro anteproyecto de ley que actualizará el marco jurídico español de residuos y economía circular.

Fuente

Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). Consulta pública previa sobre el Anteproyecto de Ley por el que se modifica la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

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La Comisión Europea ha iniciado un procedimiento de infracción contra España y otros Estados miembros por no haber incorporado completamente a su ordenamiento jurídico las modificaciones introducidas por la Directiva (UE) 2018/851, una norma clave para el desarrollo de la economía circular en la Unión Europea.

En el caso de España, la Comisión considera que la legislación nacional aún presenta carencias en la transposición de algunos aspectos de la Directiva Marco de Residuos, fundamentales para garantizar una gestión más eficiente de los recursos y avanzar hacia los objetivos europeos de prevención, reutilización y reciclaje.

La Directiva (UE) 2018/851 refuerza el papel de la economía circular en las políticas de residuos, estableciendo medidas destinadas a reducir la generación de residuos, mejorar la recogida separada, impulsar la preparación para la reutilización y aumentar la calidad del reciclaje. Asimismo, introduce nuevas obligaciones para los Estados miembros en materia de responsabilidad ampliada del productor, prevención de residuos y seguimiento de los objetivos ambientales.

España ha realizado importantes avances durante los últimos años con la aprobación de la Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que constituye el principal marco normativo nacional en esta materia. No obstante, la Comisión Europea entiende que determinados elementos de la normativa comunitaria aún no han sido incorporados de forma completa o adecuada al derecho español.

Como siguiente paso, el Gobierno español dispone de un plazo de dos meses para responder a las observaciones formuladas por la Comisión y comunicar las medidas que permitan completar la adaptación de la legislación nacional. En caso de que la respuesta no sea satisfactoria, el procedimiento podría avanzar hacia un dictamen motivado.

Esta actuación pone de manifiesto la importancia de mantener actualizada la normativa española en materia de residuos para garantizar el cumplimiento de los objetivos europeos de economía circular. Una correcta transposición no solo responde a una obligación jurídica, sino que proporciona mayor seguridad regulatoria a las administraciones públicas, las empresas gestoras de residuos y el tejido industrial, favoreciendo la inversión, la innovación y el desarrollo de nuevos modelos de producción y consumo más sostenibles.

Desde la Cátedra de Economía Circular de la Universidad de Sevilla se seguirá la evolución de este procedimiento, cuyo resultado puede tener implicaciones para la futura adaptación de la normativa española y para el impulso de las políticas de economía circular en nuestro país.

Fuente: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/inf_26_1376

La Cátedra de Economía Circular celebrará el próximo 1 de octubre la VI Jornada Cátedra Economía Circular, una cita ya consolidada como punto de encuentro para profesionales, administraciones, empresas, investigadores y todas aquellas personas interesadas en el impulso de la economía circular.

Como en años anteriores, la jornada se celebrará en el Acuario de Sevilla, un espacio que volverá a acoger este foro de intercambio de conocimientos, experiencias y buenas prácticas en torno a la sostenibilidad y la economía circular.

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 En las próximas semanas se dará a conocer el programa, así como el procedimiento de inscripción.

 Reserva la fecha en tu agenda: 1 de octubre.

¡Te esperamos en la VI Jornada de la Cátedra de Economía Circular!

 

Cátedra de Economía Circular. Universidad de Sevilla. Escuela Técnica Superior de Ingeniería. Camino de los Descubrimientos s/n 41092 SEVILLA Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

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